Destinado a personas jurídicas pertenecientes al sector privado, que ostenten la condición de operador debidamente habilitado
Busca favorecer el despliegue de redes de banda ancha capaces de proporcionar velocidades simétricas de al menos 300 Mbps, a las zonas sin cobertura adecuada ni previsiones para su dotación en los próximos tres años, pertenecientes a cualquiera de las 50 provincias españolas
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